Universidades autónomas, aliadas clave en la construcción de un Estado íntegro: funcionario de la ASF

En el marco del Diálogo Universitario, organizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), el doctor Eber Omar Betanzos Torres, titular de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ofreció una reflexión amplia sobre ética pública, integridad institucional y fiscalización superior, como condiciones indispensables para una autonomía universitaria legítima, en un contexto nacional marcado por profundas transformaciones sociales, económicas y culturales.

Durante su participación, destacó el papel histórico que ha desempeñado la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la construcción de prestigio académico, legitimidad social y una relación estrecha con su entorno. Subrayó que este reconocimiento no es fortuito, sino resultado de un trabajo constante orientado a la formación universitaria con pensamiento crítico, conciencia social y capacidad de incidir en la vida pública, tanto a nivel estatal como nacional, mediante la generación de conocimiento. En ese sentido, reconoció también el papel de San Luis Potosí como una entidad federativa líder en diversos sectores estratégicos para el país.

El funcionario federal señaló que educar es una de las tareas más nobles a las que puede aspirar cualquier persona, pues implica compartir de manera generosa la experiencia y el conocimiento acumulado, para que otros encuentren nuevas formas de enfrentar y resolver problemas comunes. En el ámbito de la educación superior, dijo, esta misión adquiere una profundidad mayor, ya que no se limita a la transmisión de herramientas técnicas para el ejercicio profesional, sino que busca formar personas con espíritu creativo y propositivo, capaces de ir más allá de lo aprendido y de aportar ideas propias al esfuerzo colectivo de construir conocimiento.

En un país como México, con grandes contrastes y brechas sociales y económicas, la contribución de las universidades públicas resulta aún más relevante. La formación educativa se convierte en un motor del desarrollo, en un generador de mejores condiciones de bienestar y en un pilar para la construcción de sociedades más justas y equitativas. Quienes acceden a la educación universitaria pública, afirmó, son beneficiarios de una de las inversiones más importantes que realiza el Estado en términos de recursos materiales, financieros y humanos, dentro de un proyecto de nación, señaló.

A partir de ello, subrayó la importancia de que los recursos públicos destinados a las instituciones de educación superior se asignen y ejerzan con el mayor cuidado, bajo criterios que aseguren su aprovechamiento óptimo y su impacto social. Las universidades no sólo forman profesionistas, también ofrecen espacios para conocer de cerca la realidad social del país, sus desafíos y necesidades, y para afirmar compromisos éticos y profesionales.

Al abordar el concepto de fiscalización, afirmó que esta no se concibe únicamente desde una lógica sancionadora, sino como un proceso que busca identificar áreas de oportunidad, proponer alternativas y mejorar la eficiencia en el ejercicio del gasto. Cada peso del patrimonio público ejercido correctamente, señaló, permite orientar de manera más clara los fines de las políticas públicas.

Uno de los ejes centrales de su intervención fue la autonomía universitaria, entendida como un concepto complejo que abarca la libertad de cátedra, la integración del cuerpo académico, la organización interna y la administración de recursos. Recordó que el debate sobre la fiscalización de las universidades no es nuevo y tiene raíces profundas en la historia del país, con discusiones que se remontan al siglo pasado, como las sostenidas entre Justo Sierra y José Yves de Limantour, en torno al control de los recursos universitarios.

Con el paso del tiempo, explicó, se ha construido un equilibrio más sólido entre autonomía y rendición de cuentas. Hoy, la capacidad de revisión de los recursos federales corresponde a la Federación, bajo un esquema que reconoce la autonomía universitaria y, al mismo tiempo, la responsabilidad en el ejercicio del gasto público. La elevación de la autonomía universitaria a rango constitucional en 1980, mediante su incorporación al artículo tercero, consolidó esta visión integral, en la que la fiscalización superior acompaña la gestión presupuestal desde una lógica institucional y democrática.

Finalmente, el titular de la Unidad Técnica de la ASF afirmó que la educación pública es el camino más sólido hacia la igualdad y el progreso. Garantizar el acceso a la educación superior, sin importar el origen o la condición social, es una tarea urgente que requiere recursos ejercidos con eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. En este esfuerzo, la Auditoría Superior de la Federación se asume como aliada de las universidades, respetando su autonomía y fortaleciendo la confianza pública.

Hugo Laussin