Investigador de la UASLP analiza propuesta de reducción de la jornada laboral 

El doctor Guillermo Luévano Bustamante, coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos e investigador-docente de la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), expuso los alcances y preocupaciones que persisten en torno a la propuesta gubernamental para reducir la jornada laboral en México, así como las implicaciones que tendría en los derechos de las personas trabajadoras. 

Recordó que en el país no ha habido una disminución real de la jornada desde la promulgación de la Ley Federal del Trabajo en 1931, e incluso desde la Constitución de 1917. Señaló que, mientras en otras regiones como Europa ya existen jornadas de 40 o incluso 35 horas semanales, en México se mantiene un máximo legal de 48 horas que permite extender actividades hasta el sábado sin compensación adicional, salvo la prima para quienes laboran en domingo. 

Explicó que la iniciativa impulsada por organizaciones como el Frente Nacional por las 40 Horas plantea reducir la jornada máxima y establecer una prima sabatina similar a la dominical. Subrayó que este reclamo se sustenta en estándares internacionales donde la reducción de jornada no ha provocado crisis económicas ni impactos negativos, del mismo modo que no los provocaron los incrementos al salario mínimo o la ampliación del periodo vacacional en México, pese a las advertencias iniciales de algunos sectores empresariales. 

Sin embargo, detalló que la propuesta presentada recientemente por el gobierno federal se distancia de las demandas de las organizaciones laboralistas y de derechos humanos. Apuntó que la gradualidad planteada para la reducción, que iniciaría en 2027 y concluiría en 2030, diluye un derecho que se considera urgente y postergado.  

Además, explicó que una de las mayores preocupaciones es la ampliación del margen de horas extra pagadas solo al doble, que pasarían de 9 a 12 por semana. Actualmente, todo excedente de esas 9 horas debe pagarse al triple, lo que garantiza una protección adicional a las personas trabajadoras. Comentó que este cambio implicaría una disminución en el ingreso de quienes dependen de las horas extra para complementar su salario.  

Aunque la reducción de jornada preservaría el salario base, las horas extraordinarias se pagarían en condiciones menos favorables, lo que afectaría a quienes, por necesidad, recurren a ellas con frecuencia. 

Agregó que la discusión no ha modificado lo establecido para las jornadas nocturnas o mixtas, donde ya existen límites diferenciados: 8 horas para la diurna, 7 para la nocturna y 7 horas y media para la mixta. Afirmó que este punto parece mantenerse sin alteraciones, pero recordó que hay temas adicionales en proceso de definición, como la reciente incorporación de afectaciones a la salud mental en el catálogo de riesgos laborales. Consideró que este avance deberá complementarse con mecanismos claros para acreditar y atender estas afectaciones psicoemocionales.  

En cuanto a la participación de los distintos sectores en la discusión, señaló que los espacios de diálogo se abrieron principalmente a sindicatos corporativos y cámaras empresariales, mientras que las organizaciones independientes y quienes integran el Frente Nacional por las 40 Horas tuvieron un margen limitado en los foros. Indicó que esta falta de apertura ha sido uno de los principales señalamientos en torno al proceso legislativo. 

El especialista insistió en que el debate debe centrarse en el reconocimiento del descanso como un derecho, y no como una conducta improductiva. Señaló que la cultura laboral en México mantiene estigmatizado el esparcimiento, cuando debería entenderse como un elemento de salud pública y equilibrio personal. Añadió que un trabajador descansado no solo está en mejores condiciones de vida, sino que incluso rinde más, aunque insistió en que ese no debe ser el argumento principal. 

Finalmente, consideró que la reducción inmediata de la jornada laboral sin gradualidad sería el camino más acorde con los derechos humanos y con las tendencias internacionales. Afirmó que el país mantiene una deuda histórica con la población trabajadora y que este es el momento para avanzar hacia una conciliación más justa entre la vida laboral, familiar y personal.