Nuevas oficinas de atención de la Defensoría de Derechos Universitarios deben representar a toda la comunidad UASLP: rector Alejandro Zermeño 

Este jueves 23 de marzo, se realizó la inauguración de las nuevas oficinas de la Defensoría de Derechos Universitarios (DDU), ubicadas en Ignacio Zaragoza No. 410, esquina con avenida Universidad, en el centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí.  

La ceremonia contó con la presencia del rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) doctor Alejandro Javier Zermeño Guerra, quien en su mensaje puntualizó que este lugar debe representar a toda la comunidad universitaria, un refugio en el que pueden encontrar justicia. 

“A veces en las comunidades, sobre todo, como lo es la universidad, existe una diversidad de pensamientos y las personas responsables de los derechos universitarios tienen que tener la virtud de escuchar todas las partes y saber ser justos en las decisiones”, aseveró. 

Por su parte, la titular del área, la Dra. Urenda Queletzú Navarro Sánchez, subrayó que uno de los objetivos de trabajo del rector Alejandro Zermeño, ha sido el fortalecimiento del espacio de la Defensoría de Derechos Universitarios. Afirmó que, a la fecha, la Defensoría cuenta con una estructura y trabajo articulado logrado por personal y becarios que han pasado por este lugar. 

Ahora es un espacio para el beneficio de las y los universitarios. La planta baja y segundo piso albergarán las oficinas, y en el tercer espacio se tiene la proyección de un Centro de Estudios en Derechos Humanos y Género. Las nuevas oficinas de atención de la DDU serán un espacio de protección y garantía para la comunidad universitaria. 

Cabe mencionar que en el marco de este evento se firmó la carta de intención de colaboración y convenio tripartita entre REDDU- SEGOB- ANUIES, con la presencia del Dr. Luis Armando González Placencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el Mtro. José Luis Ríos Calderón, director general de Política Pública de Derechos Humanos, y autoridades universitarias. 

Noelia Martínez/TC