Una nueva ley acorde a la realidad actual
La nueva Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que entró en vigor en 2022, especifica que “la Universidad es autónoma y, por lo tanto, es libre en su gobierno, organización, funcionamiento y en sus relaciones. Esta autonomía debe ser protegida y respetada por las leyes y autoridades del Estado, y no podrá restringirse, ni menoscabarse”.
Recalca además que la libertad de cátedra, investigación, expresión, asociación, el libre examen y la discusión de las ideas, son los principios en que se sustenta el funcionamiento de la Universidad y que “esta libertad no podrá ser coartada, ni objeto de investigación, o sanción alguna. Las opiniones, teorías o sistemas que las y los catedráticos profesen, no podrán ser motivo de observaciones o determinaciones de ninguna clase, mientras no sean inmorales o estén prohibidas por la ley”.
También detalla que todos los bienes muebles e inmuebles de la Universidad son inalienables, inembargables, e imprescriptibles “y no podrá constituirse sobre ellos gravamen alguno”.
Y en cuanto a la fiscalización externa, se determina que se aplicará lo señalado en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, así como en las legislaciones vigentes, “siempre y cuando no se atente contra el principio de autonomía universitaria reconocido por el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. En la exposición de motivos de esa nueva ley, se especifica la necesidad de un nuevo ordenamiento “ que en su contenido de disposiciones, permita darle congruencia y legitimidad a los actos y funciones que la dinámica actual de la Universidad desarrolla y requiere”.
